Arraiz Nalda: “El objetivo del Ejecutivo central es trabajar para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, mejorando el acceso a la vivienda”
25/03/2024
• Ya se han firmado acuerdos para la construcción de 107 viviendas energéticamente eficientes para alquiler social y asequible en Logroño, Haro, Alfaro, Calahorra y Torrecilla en Cameros
• También se firmaron dos acuerdos entre Gobierno de España y de La Rioja para la rehabilitación de 272 viviendas en los entornos residenciales de Logroño y Calahorra
“El acceso a la vivienda digna, adecuada y accesible es una de las líneas estratégicas que el Gobierno de España continúa impulsando en esta legislatura”. La delegada del Gobierno en La Roja, Beatriz Arraiz Nalda, ha valorado las políticas de vivienda que desde el Ejecutivo central se han promovido en la comunidad autónoma.
Tal y como ha señalado Arraiz Nalda, el objetivo de las políticas de vivienda promovidas desde el Ejecutivo central es trabajar para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, mejorando el acceso a la vivienda. Para ello, ha apuntado que se dispone de un aval importante de recursos públicos dirigidos a esta promoción de actuaciones centradas en el acceso a la vivienda al recoger los Presupuestos Generales del Estado que se han prorrogado cerca de 3.500 millones de euros.
En este sentido, ha añadido que, para consolidar el derecho del acceso a la vivienda como quinto pilar del Estado de Bienestar, se están movilizando recursos a disposición de todas las administraciones públicas. Por tanto, ha insistido en que la colaboración del Gobierno central con el autonómico y las entidades locales es fundamental, así como la coordinación y la complementación de financiación para las actuaciones que se desarrollarán en el territorio.
La delegada del Gobierno ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el reparto de 3 millones de euros a La Rioja para la rehabilitación de viviendas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Esta partida corresponde al “Programa de Rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales”, fondos europeos que se destinarán para proceder, por ejemplo, a cambios de ventanas en una vivienda particular, digitalización, instalación de placas solares y fotovoltaicas, aerotermia o mejoras de zonas verdes.
Asimismo, Arraiz Nalda ha recordado que los incentivos fiscales que presupuesta y financia el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y que, gracias a ellos, cualquier persona que realice una obra de rehabilitación en su vivienda, puede deducirse una parte de su coste en su siguiente declaración del IRPF.
De este modo, ha comentado que la ministra Isabel Rodríguez García ponía un ejemplo claro de la utilidad de estos incentivos fiscales: la realización de una obra de 5.000 euros en un inmueble para mejorar la eficiencia energética, cumpliendo el requisito de reducción de un 7% en consumo de calefacción y refrigeración, recibe una ayuda de un 40%, que corresponde a 2.000 euros. Es decir, pagaría únicamente 3.000 euros. Pero, además, sobre esos 3.000 euros, también se obtiene una deducción de IRPF del 20%, que serían 600 euros.
De esta forma, las personas que lleven a cabo unas obras de mejora de eficiencia energética pagarían la mitad de lo que hubiera abonado sin esta ayuda de rehabilitación.
Por otro lado, la delegada ha insistido en que “el Gobierno de España quiere demostrar su gran compromiso reforzando y ampliando la oferta del parque de vivienda existente, apostando por una vivienda asequible”. Muestra de ello son los dos acuerdos que se firmaron la semana pasada para la construcción de 35 viviendas energéticamente eficientes para alquiler social y asequible en Logroño (24) y Haro (11).
En concreto, el Ejecutivo central aportará 1,5 millones de los 5,1 millones de euros presupuestados para la ejecución de estos proyectos, con cargo a los fondos NextGenerationEU en el marco del PRTR.
A estas viviendas en Haro y Logroño se suman la construcción de 40 viviendas públicas energéticamente eficientes en Alfaro, así como 8 en Calahorra y 24 en Torrecilla en Cameros, con una aportación estatal de 3.432.520 euros
Además, se acordó en mayo del año pasado impulsar el parque público de vivienda en alquiler social o a precio asequible en los municipios de Santo Domingo de la Calzada y Lardero, gracias a la financiación con 272.618 euros para la adquisición de 7 viviendas para alquiler social por parte de esta con cargo al Plan Estatal de acceso a la vivienda 2022-2025. El presupuesto total para esta actuación, incluyendo la aportación de la administración autonómica y del promotor, asciende a 590.674 euros.
Ese mismo mes, mayo de 2023, también se firmaban dos acuerdos entre Gobierno de España y de La Rioja para la rehabilitación de 272 viviendas en los entornos residenciales de Logroño y Calahorra. Estos acuerdos se enmarcan en el Programa de ayuda para la rehabilitación de entornos residenciales a nivel barrio del PRTR. De los 6,6 millones de euros que se emplearán en estos proyectos, el Ejecutivo central aporta 4,8 millones de euros.
El acuerdo con el Ayuntamiento de Logroño incluye las actuaciones en el entorno residencial de rehabilitación programada de Lobete, donde está prevista la rehabilitación, en una primera fase, de 184 viviendas y la aportación prevista del Gobierno de España, en este caso, es de 2,8 millones de euros.
Asimismo, el acuerdo con el Ayuntamiento de Calahorra recoge las actuaciones en el entorno residencial de rehabilitación programada de Entorno Sagrada Familia e IES Marco Fabio Quintiliano, donde está prevista la rehabilitación de 88 viviendas, en primera fase, y una contribución estatal para estas actuaciones con 2 millones de euros.
Tras concretar todas estas actuaciones, la delegada ha destacado que todas ellas son ejemplo de cómo la vivienda se convierte en una de las piedras angulares de la acción política del Gobierno de España, impulsando la rehabilitación del parque edificado, así como el incremento del parque de vivienda en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, contribuyendo a la activación de este sector y a la generación de empleo.
“Estamos aumentando la actividad rehabilitadora con recursos, con una política coordinada entre las administraciones, con la necesaria colaboración público-privada y con un protagonismo de la ciudadanía. Y todo ello, desde un compromiso con las poblaciones más vulnerables en favor de la disponibilidad de viviendas accesibles y sostenibles”, ha concluido.