Arraiz Nalda: “El Gobierno de España está comprometido en la búsqueda de soluciones a las legítimas inquietudes planteadas”
22/02/2024
• La delegada del Gobierno en La Rioja insiste en que es fundamental que las administraciones caminen unidas, sea cual sea el color político, si realmente se quiere responder a los problemas planteados por el sector primario
La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, ha ofrecido una rueda de prensa para destacar la “firme implicación del Gobierno de España para dar respuesta a las inquietudes y problemas de agricultores y ganaderos de nuestro país y, por tanto, de La Rioja”.
Como ya se ha manifestado anteriormente, Arraiz Nalda ha señalado que la voluntad es seguir apostando por el diálogo con este sector. “El Gobierno de España está comprometido en la búsqueda de soluciones a las legítimas inquietudes planteadas”, ha señalado.
De este modo, ha recordado que fruto de este proceso de escucha y diálogo, el pasado jueves se reunió el ministro de Agricultura, Luis Planas, con las organizaciones profesionales agrarias a las que presentó 18 medidas que ofrecen soluciones y que están en línea con los objetivos del Ejecutivo de España de procurar la rentabilidad y sostenibilidad de la actividad agraria y el futuro del medio rural.
Entre otras, se encuentran las propuestas de simplificación de la Política Agraria Común (PAC) o las medidas propuestas por el Gobierno a las organizaciones agrarias para una mejora en la aplicación de la ley de la cadena, una normativa que es pionera en Europa y que facilita una mayor transparencia en la formación de precios, un mayor equilibrio entre los distintos eslabones de la cadena y la protección del más débil al garantizar una retribución justa a los productores primarios que repercuta obligatoriamente los costes de producción.
En este sentido, la delegada del Gobierno ha puesto en valor esta Ley de la Cadena Alimentaria, que “a pesar de no ser apoyada por PP y VOX, se ha visto su utilidad y ha logrado incrementar los precios en origen del conjunto de los sectores agrarios y ganaderos”. Por ejemplo, de enero del 2022 a diciembre de 2023, descontada la inflación, han aumentado los precios en origen, como, por ejemplo, el de la leche que ha pasado de 36 céntimos de euro/litro a 56 céntimos de euro/litro, “el nivel máximo de pago de la Unión Europea”.
No obstante, la delegada ha explicado que es necesario ir más allá y por ello, el Gobierno de España va a crear la Agencia Estatal de Información y Control Alimentario, que contará con más medios y efectivos, para poner al día los planes de inspección y para reforzar la colaboración con las comunidades autónomas en materia de inspección.
Asimismo, ha recordado que en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea que se celebrará el lunes, 26 de febrero, el Gobierno de España volverá a defender que se establezcan “cláusulas espejo” en los acuerdos comerciales con terceros países para exigir que los alimentos importados reúnan las mismas condiciones que se exigen a los producidos dentro de la Unión Europea. Otra de las reivindicaciones planteadas es la que hace referencia al cuaderno digital, cuya aplicación será voluntaria.
Papel de las comunidades autónomas
Por otro lado, Arraiz Nalda ha concretado que esta misma semana se celebró la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola Común para Asuntos Comunitarios preparatorio del Consejo de Ministros de la UE, en la que el Gobierno de España pidió a las comunidades autónomas colaboración y apoyo para la aplicación de las 18 medidas comprometidas por el Ejecutivo central en la última reunión con las organizaciones agrarias y para que arbitren también iniciativas complementarias.
“Es fundamental que tanto el Gobierno central como los autonómicos caminen unidos, sea cual sea el color político, si realmente queremos responder a los problemas planteados”, ha destacado. Por tanto, ha añadido que las administraciones autonómicas tienen mucho que decir y que hacer en cuestiones que ahora mismo están encima de la mesa por la reivindicación de los agricultores y ganaderos.
En este sentido, ha puesto como ejemplo el mejorar la planificación y la coordinación de las inspecciones para que una misma explotación agraria no reciba más de una en un año.
En cuanto a la confrontación entre administraciones, ha criticado que “poco ayuda la utilización política que algunos ejecutivos quieren hacer de estas movilizaciones”. Así, ha señalado que hace dos días se publicaba en el BOE la activación, con carácter de urgencia, de la medida de cosecha en verde en viñedos de uva para vinificación para este año, con una dotación presupuestaria de 21,4 millones de euros. El objetivo principal de esta medida, que se activa por segundo año consecutivo, es contribuir a equilibrar el mercado del vino y dimensionar la vendimia de 2024 a la capacidad de almacenamiento y comercialización para la próxima campaña, para evitar los efectos no deseados de una potencial sobreoferta de uva que lastre la renta de los viticultores.
En concreto, para este año se ha incrementado la dotación en casi 6,5 millones de euros para el conjunto del país. La delegada ha calificado este aumento como una medida positiva, aunque “al Gobierno de La Rioja le debe parecer escaso al manifestar la responsable de Agricultura que espera que nuestra comunidad reciba 10 millones de euros en 2024, el doble de la ayuda del año pasado”.
Para dimensionar la cifra solicitada, ha aclarado que en 2023, se admitieron 985 hectáreas de viñedo de Rioja para cosecha en verde por una ayuda total de 3,7 millones de euros. De ahí que haya planteado la cuestión de si el Ejecutivo regional cree que las propuestas de vendimia en verde de este año se elevarán hasta los 10 millones de euros o simplemente la consejera de Agricultura quería hacer utilización de esta medida.
“Debemos tener presente todas las administraciones que los agricultores y ganaderos son los primeros interesados en que nadie les manipule políticamente y nadie pretenda utilizar sus justas y legítimas reivindicaciones como un elemento de confrontación política”, ha insistido.
Así, ha reclamado la colaboración entre las administraciones mediante la mejora de los seguros agrarios, uno de los asuntos con los que más se ha comprometido el Gobierno de España. En 2011, el presupuesto destinado para ello en nuestro país ascendía a 270 millones de euros, aunque lamentablemente se rebajó por el Partido Popular hasta los 200 millones en 2018. Sin embargo, el Gobierno de España ha dotado con 284,5 M€ el sistema de seguros para este 2024.
Por ello, la delegada ha considerado que “este apoyo, muy necesario para el sector agrario, debe conllevar también la implicación de las comunidades autónomas que deben reforzarlo ampliando las aportaciones regionales para complementen hasta el máximo permitido cada línea de seguros”.