Jordi Sevilla y los sindicatos CCOO, UGT y CSI-CSIF firman el primer acuerdo social en la Administración Pública

21/09/2004

En la constitución de la Mesa del Diálogo Social


El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y los sindicatos CCOO, UGT y CSI-CSIF, han firmado hoy el primer acuerdo social en el ámbito de la Administración Pública. Este pacto se ha alcanzado en la reunión constitutiva de la Mesa del Diálogo Social, y es el primer fruto de este proceso negociador, que se enmarca dentro del diálogo social abierto por el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero con los máximos responsables sindicales.

El acuerdo para el dialogo social alcanzado hoy es el más amplio en cuanto a contenidos y alcance en el tiempo de cuantos se han firmado en el ámbito de la Función Publica.  

Los integrantes de la Mesa del Diálogo Social para las Administraciones Públicas han acordado, dentro de la Declaración para el Diálogo Social en las Administraciones acordada hoy que la negociación se centrará en dos ámbitos fundamentales, como son el reforzamiento de los derechos de participación y negociación colectiva de las AAPP, y por el otro, la dignificación y profesionalización de la figura del empleado público, así como el fomento de la estabilidad laboral en el sector público. 

Todo ello, con el fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos, incrementar la productividad mejorando las condiciones de trabajo y optimizar el funcionamiento de las Administraciones Públicas.

ESTABILIDAD
En el encuentro, entre otros puntos, sindicatos y MAP han acordado la necesidad de poner en marcha un compromiso sobre estabilidad en el conjunto del empleo público, estableciendo los procedimientos necesarios para fijar un objetivo máximo de temporalidad, que se determinará globalmente.
Asimismo, se constituye el Observatorio del Empleo Público, al tiempo que se adaptará la Oferta de Empleo Público de cada año a la planificación de recursos humanos necesarios para cubrir las necesidades actuales y futuras.

REFORMAS NORMATIVAS
Se abre un proceso negociador destinado a elaborar una serie de reformas normativas, necesarias para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Entre estas iniciativas destacan la elaboración de un Estatuto Básico de los Empleos Públicos, el desarrollo del Estatuto de la Función Pública de la AGE y la aplicación al conjunto de los funcionarios la jubilación flexible y anticipada parcial.


MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES
Con el fin de incrementar la calidad de los servicios públicos, es necesario lograr una mayor profesionalización y mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Para ello, entre otras novedades, se estudiará la posible equiparación gradual y progresiva de las pagas extraordinarias de los empleados públicos al salario real mensual.

Por otro lado, se estudiará la posible implantación del acceso a jornadas y horarios flexibles, y se valorará la reducción progresiva de jornada ordinaria para los empleados públicos, con el objetivo final de alcanzar las 35 horas semanales.


DESARROLLO DE LAS MEDIDAS ANUNCIADAS EN LA DECLARACIÓN POR EL DIÁLOGO SOCIAL 2004

1- Medidas para fomentar la Estabilidad Laboral y reducir la tasa de temporalidad existente en el Empleo Público.
  • Compromiso sobre estabilidad laboral en el conjunto del empleo público, estableciendo un objetivo máximo de temporalidad, que se determinará globalmente ( en la actualidad fijado para la AGE en un 8%).
  • Adaptación de la Oferta de Empleo Público de cada año a la planificación de los recursos humanos necesarios para cubrir las necesidades actuales y los servicios y prestaciones futuros.
  • Iniciar durante el año 2005 las negociaciones necesarias para agilizar los procesos de selección,  promoción y carrera profesional, facilitando los procesos de movilidad voluntaria, tanto entre distintas Administraciones como en los ámbitos territoriales.
  • Constituir un Observatorio del Empleo Público.

2- Medidas orientadas a profesionalizar la figura del Empleado Público y mejorar sus condiciones de trabajo, con el fin de incrementar la calidad de los servicios públicos.
  • Adoptar, en la presente legislatura, las medidas necesarias que hagan posible, en un contexto de mejora del poder adquisitivo, la equiparación gradual y progresiva de las pagas extraordinarias de los empleados públicos al salario real mensual, excluidas las retribuciones no periódicas, en los términos que se pacten.
  • Establecer criterios generales que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral mediante el acceso a jornadas y horarios flexibles compatibles con la organización del trabajo, así como posibilitar la incorporación del trabajo a tiempo parcial. En este marco, se iniciarán los estudios necesarios dirigidos a valorar la posibilidad de reducir la jornada ordinaria de los empleados públicos de la Administración General del Estado, con el objetivo final de alcanzar las 35 horas semanales, cuantificando la creación de empleo necesario para ello.
  • Impulsar y fomentar la Formación Continua, vinculándola a la promoción, y adecuación de los perfiles profesionales a las nuevas necesidades de las Administraciones Públicas. Estudiar fórmulas que permitan compensar la ausencia de cotización por formación profesional de los funcionarios no acogidos al régimen general de la Seguridad Social.
  • Impulsar el Fondo de Pensiones de la Administración General del Estado en el marco del escenario presupuestario.
  • Destinar fondos adicionales para la negociación colectiva en la AGE, así como para implantar incentivos a la productividad y mejora del rendimiento

3- Reformas normativas negociadas, que mejoren las condiciones de trabajo de los empleados públicos, en especial:
  • Elaboración de un Estatuto Básico de los  Empleo  Público.
  • Desarrollo del Estatuto de la Función Pública de la AGE.
  • A lo largo de 2005, adaptar las bases del régimen retributivo de los empleados públicos y el modelo de clasificación profesional al nuevo marco de titulaciones que se derive de los acuerdos adoptados por la UE.
  • Aplicar al conjunto de funcionarios la Ley General de Seguridad Social  con respecto a la jubilación flexible y anticipada parcial. Estudiar los criterios esenciales para el establecimiento de un plan de jubilación anticipada para colectivos específicos, teniendo en cuenta las necesidades de las Administraciones Públicas y los derechos de los empleados.
  • Negociación de una norma básica sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos.
  • Adecuación de las limitaciones retributivas previstas en la normativa de incompatibilidades.
  • Modificación de la norma que regula la información contenida en las Relaciones de Puestos de Trabajo, en lo que a perfiles se refiere.
  • Elaboración de los criterios generales para delimitar los sectores cuya actividad se reserva a los empleados públicos, las condiciones de prestación de servicios externalizados y las relaciones entre partes.
  • Revisar la normativa en materia de Prevención de Riesgos Laborales al ámbito de las Administraciones Públicas. 
  • Revisión del régimen legal de la Función Pública Local referida a la jornada de trabajo, evitando la actual remisión que hace esta normativa a la Administración General del Estado.
  • Redefinición de los organismos públicos del ámbito estatal establecidos en la LOFAGE.